El gobierno de María Eugenia Vidal formalizó hoy el primer llamado para avanzar en una licitación pública para la instalación de un sistema de peaje en la ruta 6.

El llamado se realizó por intermedio de la empresa Autopistas de Buenos Aires SA (Aubasa) y la licitación tendrá un presupuesto total de 27 millones de pesos. Allí se explica que los pliegos, con un valor de 67.500 pesos, ya pueden retirarse, al tiempo que habrá tiempo de entrega de las ofertas hasta el 2 de agosto a las 11. En tanto, una hora más tarde se llevará a cabo el acto de apertura de sobres.

El gobierno bonaerense tiene planificados trabajos para mejorar la calzada, la iluminación y la construcción de áreas de servicio y descanso para los usuarios.

Se sabe que ruta será ahora gerenciada por la empresa estatal Aubasa, que fue creada en la gestión de Daniel Scioli para hacerse cargo de la Autopista Buenos Aires-La Plata cuando se decidió quitarle la concesión a los privados que la habían gestionado hasta ese momento.

Aún no hay precisiones sobre cuántos peajes tendrá la traza de 180 kilómetros, que une La Plata con la de Zárate en un anillo que rodea el segundo cordón del Conurbano y tiene un flujo de unos 50 mil vehículos diarios, en su mayoría de carga.

Entre las localidades que atraviesa están Campana, Exaltación de la Cruz, Pilar, Luján, General Rodríguez, Marcos Paz, General Las Heras, Cañuelas, San Vicente, Brandsen y La Plata.

El plan del gobierno es avanzar en paralelo con una inversión de 215 millones de pesos para repavimentar los sectores más dañados, incorporar cámaras de seguridad, y colocar por lo menos tres estaciones de Policía Vial y de control de cargas. También prometen mejoras en la señalización y una nueva iluminación.

Buscan estatizar las rutas 2 y 11

Desde el gobierno bonaerense confirmaron además que avanzarán con la estatización de las rutas 2 y 11, los principales caminos de acceso hacia la Costa Atlántica. La idea es incorporar esos tramos a la órbita de Aubasa, previa rescisión del contrato con la empresa que las controla la empresa Autovía del Mar (Aumar), un conglomerado conformado entre otros por el Grupo Roggio, Esuko y los empresarios Eduardo Eurnekian y Cristóbal López, que obtuvo en 2011 una concesión por 30 años de manos del entonces gobernador Daniel Scioli.

El gobierno espera llegar a un “acuerdo amistoso” con la empresa para evitar una salida traumática que le genere al Estado grandes gastos en resarcimientos.

Un posible acuerdo, según trascendió, podría implicar que la empresa concesionaria renuncie a reclamar un resarcimiento a cambio de recibir las obras que se habían previsto para esa traza, como la construcción del doble carril de la ruta 11 y la repavimentación de algunos tramos de la ruta 2, entre otras cuestiones.